TUAC - TRADE UNION ADVISORY COMMITTEE TO THE OECD

25/09/2015

Chile is an important member of the OECD and this is reinforced by Chile’s role as Chair of the forthcoming OECD Ministerial Council in 2016. Economic growth in Chile over the past decade has been strong, however the fruits of growth have not been equitably shared and as the OECD itself has stated “(Chile) suffers from large social disparities: Income inequality and relative income poverty are amongst the highest in the OECD. Also the labour market is characterized by significant inequalities, with large employment and earnings gaps between men and women, high youth unemployment and many workers in non-regular work arrangements.”  Strengthening trade union rights has to be a key part of the strategy for reducing inequality in Chile.  Although the overall human rights situation in Chile has changed markedly in recent years, many of the Pinochet-era labour remain in force today and continue to substantially restrict the exercise of the right to freedom of association. Chile's labour laws have been criticized, including by the International Labour Organisation and the Inter-American Commission of Human Rights, on numerous occasions. This includes substantial limitations on the right to bargain collectively and to strike.

The TUAC and the International Trade Union Confederation (ITUC) support  the process undertaken by the government of President Michele Bachelet, in consultation with the social partners, to reform the law so that it is more consistent with Chile's international obligations, and closer to restoring balance of power between labour and management in industrial relations. While the initial draft law submitted to the National Assembly was not perfect, it signified an important step forward, which was supported by the Chilean Trade Union Confederation – the CUT. The last minute proposals, put forward by the employers, including representatives of the American Chamber of Commerce, and supported by some in the government, if adopted, would mark a substantial retreat by the government on its commitment to human rights and turning the final pages on a dark period in the country's history.

We are particularly alarmed at proposals to continue to allow for the use of replacement workers during strikes. Removing this abuse  was one of the core areas of the labour reform. Were this to be undone, it would be a severe blow to the exercise of this fundamental right. The ILO has specifically requested the government of Chile to prohibit the use of replacement workers.

We are also concerned by the open ended language on essential services, which could result in a requirement to maintain a minimum service in the case of a strike in services far beyond the recognised definition of “essential services”. We recall that the ILO is clear that essential public services are those "the interruption of which would endanger the life, personal safety or health of the whole or part of the population."

We are also deeply concerned that groups of workers may submit draft collective agreements to the employer, even when there are unions present, undermining the role of unions as bargaining representative.

We urge the government to move forward with the original bill as introduced at the National Assembly.
TUAC in partnership with the ITUC will support Chilean workers and the Chilean trade union movement in the critical period ahead.

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Chile es un miembro importante de la OCDE y dicha posición se ve reforzada aún más por su rol de Presidente del próximo Consejo Ministerial de la OCDE en 2016. El crecimiento económico de Chile en la última década ha sido fuerte, sin embargo los frutos del crecimiento no han sido equitativamente repartidos y como la propia OCDE ha declarado "(Chile) sufre de grandes disparidades sociales: los índices de desigualdad de ingresos y pobreza relativa se encuentran entre los más altos de la OCDE. Además, el mercado de trabajo se caracteriza por desigualdades significativas, con grandes brechas en términos de empleo e ingresos entre hombres y mujeres, alto desempleo juvenil y muchos trabajadores con trabajo de carácter informal". El refuerzo de los derechos sindicales tiene que ser una parte clave de la estrategia de reducción de la desigualdad en Chile. Si bien la situación general de los derechos humanos en Chile ha cambiado notablemente en los últimos años, muchas de las leyes laborales de la era Pinochet siguen en vigor y restringen sustancialmente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación. Las leyes laborales chilenas han sido criticadas por muchas organizaciones, incluidas la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en numerosas ocasiones, entre otras cosas por sus limitaciones sustanciales en el derecho a la negociación colectiva y de huelga.

La TUAC y la Confederacion Sindical Internacional (CSI) apoyamos el proceso emprendido por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en consulta con los interlocutores sociales, de reforma laboral para garantizar una mayor cohesión con las obligaciones internacionales de Chile, y restablecer el equilibrio de poder entre los trabajadores/as y los empleadores en las relaciones laborales. Aunque el proyecto de reforma presentado con anterioridad a la Asamblea Nacional no era perfecto, supuso no obstante un importante paso adelante. Sin embargo, las propuestas de última hora, formuladas por sectores empresariales y representantes de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, con el apoyo de algunos sectores de su Gobierno, marcan un retroceso sustancial respecto a los compromisos internacionales asumidos por Chile en temas de derechos humanos y su voluntad de dejar atrás un periodo negro de su historia.

Estamos particularmente alarmados con las propuestas de continuar permitiendo el recurso a trabajadores de reemplazo durante una huelga, eliminando uno de los ejes centrales de la reforma laboral. En caso de ser aceptada, dicha propuesta constituiría una afrenta al ejercicio de este derecho fundamental, teniendo en cuenta que la misma OIT ha solicitado específicamente al Gobierno chileno prohibir el uso de trabajadores de reemplazo.

Además, hemos identificado un lenguaje ambiguo en la definición de servicios esenciales, que podría desembocar en un requisito de mantener servicios mínimos en caso de huelga, socavando la eficacia de este derecho fundamental. Recordamos que, sobre este punto, la OIT ha definido claramente que los servicios públicos esenciales son exclusivamente aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.

Por último, nos preocupa que se permita a grupos de trabajadores presentar proyectos de convenios colectivos para sus empleadores, aun cuando existan sindicatos, minando el papel de estas organizaciones como legítimas representantes en una negociación colectiva.

Por todos estos motivos, instamos al Gobierno a que proponga el proyecto de ley original, tal como había sido presentado al Parlamento.

La TUAC, en partenariado con la CSI, apoyara a los trabajadores y trabajadoras chilenos y al movimiento sindical que los representa en este periodo crucial.